Resistiré

El auge de la actividad minera en el país –consecuencia de las políticas y alianzas de poder de los 90– no sólo entró en zona de fricción con los movimientos sociales que lo resisten. Las redes surgidas contra la explotación a cielo abierto ya se reflejan en nuevas legislaciones sancionadas entre 2003 y 2008 en siete provincias. Un dato olvidado: el veto “no positivo” de Cleto Cobos cuando gobernó Mendoza, en coincidencia con las empresas.

Maristella Svampa

05.11.2008

Protestas contra la destrucción. El crecimiento de los movimientos de resistencia contra la minería a cielo abierto empieza a tener frutos en la nueva legislación.

Cualquier modelo que se plantee como alternativa de desarrollo en una sociedad, debe ser informado y sometido a la discusión pública. No parece ser el caso en este país, donde tanto la ciudadanía, como los intelectuales y la comunidad universitaria, solemos llegar tarde, cuando los hechos ya se presentan como consumados. Así sucedió con el modelo sojero, cuya discusión debería haberse instalado en la agenda pública hace ocho o diez años atrás. Hoy, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento u omisión dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, que involucra diecisiete provincias argentinas, muchas de ellas erigidas en territorios de resistencia.

La megaminería a cielo abierto, que emplea tecnologías de lixiviación con sustancias tóxicas, es una actividad que en los últimos años viene suscitando grandes resistencias a lo largo del país. La importancia económica del sector minero no es menor, si tenemos en cuenta que, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas se multiplicó por más de ocho, pasando de 660 millones a 5.600 millones de dólares. Beneficiadas por un escandaloso marco legal creado en los 90, confirmado por las sucesivas gestiones, la puesta en marcha de este “modelo de desarrollo”, se viene realizando de manera silenciosa y vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas.

En 1997, Catamarca fue la encargada de arrancar con el megaproyecto La Alumbrera, pero fue en la localidad chubutense de Esquel donde la megaminería encontró un primer gran escollo. Allí, luego de conformar una asamblea multisectorial en la cual se destacaban grupos de profesionales, la población llamó a una consulta popular que en marzo de 2003 arrojó un rotundo “no” y desembocó en la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minería.

Muchos de los escenarios a los cuales se ven confrontadas las poblaciones son de una asimetría obscena, como se refleja dramáticamente en San Juan, La Rioja y Catamarca. Pero, entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, ya se sumaron siete provincias que sancionaron leyes prohibiendo este tipo de explotación minera. Tres factores clave jugaron en favor: movilización multisectorial, información y redes territoriales. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados, que incluyen desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales. Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales, y gracias a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales, cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de agua y energía que éstos conllevan. Por último, las asambleas van creando una red de territorios, de alcance regional (Asamblea Patagónica, la Asamblea Regional No a Pascua Lama, Plenario de Organizaciones del NOA), y de nivel nacional, a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde 2006 reúne a las asambleas de base.

DESDE EL SUR Y POR TODAS PARTES. En la Patagonia, luego de Esquel, la acción ciudadana contra la minería a cielo abierto tuvo su epicentro en la localidad rionegrina de Jacobacci, donde había un proyecto en fase de exploración (la mina de Calcatreu). La sanción de la ley, en julio de 2005, que sólo prohíbe la minería realizada con cianuro, fue el primer triunfo de una red de territorios, que incluía a asambleas de Río Negro y Chubut, así como a organizaciones mapuches.

En Mendoza, las asambleas arrancaron en el Valle de Uco, pero en esta provincia el rasgo distintivo fueron las multisectoriales de segundo grado, en las cuales confluyeron, además de los autoconvocados, organismos gubernamentales, concejos deliberantes, iglesias y cámaras de comerciantes. La legislación del “no” estuvo lejos de tener una secuencia lineal. En diciembre de 2006, la Cámara de Diputados sancionó una ley, pero ésta se encontró con el veto “no positivo” de quien era por entonces gobernador, Julio Cleto Cobos. La explicación de Cobos, que coincidía con la Cámara de Empresarios Mineros, que catalogaban la ley como “inconstitucional”, era que “una ley provincial no puede reformar el Código Minero”, de alcance nacional, y que su aprobación prometía una lluvia de juicios de las mineras contra el Estado. Un mes después, los cortes, movilizaciones y recursos judiciales se endurecieron y tuvieron un primer correlato en una ordenanza municipal que prohibió la actividad en el departamento de San Carlos.

Desde el gobierno mendocino buscaron adormecer el tratamiento del tema hasta después de las elecciones, pero la multiplicación de los reclamos disuadió a los senadores que trataron la ley. “Ésta es una competencia de las provincias, que tienen la obligación de controlar y evitar que se produzcan daños ambientales. Se habla de seguridad jurídica y ¿cuánto se han preguntado acerca de la seguridad ambiental? Se dice que es inconstitucional y ¿qué hay del artículo 41 de la Constitución que habla del derecho a un ambiente puro?”, afirmó la senadora del ARI Alejandra Naman. Así, el 30 de mayo de 2007, como consigna el diario Los Andes, en medio de un clima de tensión, el Senado rechazó el veto de Cobos y la ley pasó a Diputados para ser promulgada.

Hoy las asambleas mendocinas están movilizadas contra el proyecto de la mina de potasio Río Colorado en el sur de Malargüe, de la empresa Río Tinto, que involucra otras tres provincias, dado que la sal de ese depósito podría contaminar el río Colorado, que se utiliza aguas abajo para riego y consumo humano en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, lo cual ya motivó reclamos del gobernador Scioli.

QUE EL ORO QUEDE DONDE ESTÁ. Una mención especial merece la legislación del “no” en La Pampa, porque muestra que ahí donde no hay presiones empresariales en juego, los legisladores suelen distinguir nítidamente entre lo que pertenece al orden del interés económico y lo que remite a los derechos fundamentales. Leamos un fragmento de los fundamentos de la ley que presentó el Partido Justicialista:

“Si los recursos, suelo, agua, aire, vegetación, etc., están amenazados –aunque fuera potencialmente y de manera muy leve– eso sólo ya debe ser motivo de preocupación. (…) Ante la creciente preocupación de los ciudadanos de las provincias vecinas, creemos necesario discutir y poner en vigencia una ley como la que propone el presente proyecto para adelantarnos a futuras contradicciones en las que el afán desmedido de lucro se quiera oponer a la vida misma. Si en nuestro territorio hubiera metales preciosos muy valiosos como el oro, la plata, el plomo, bienvenidos sean, pero si su obtención es a costa del equilibrio ecológico en la región, es mucho mejor que los mismos permanezcan donde están”.

Si las provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja hoy padecen la embestida de las grandes empresas trasnacionales en alianza con los gobiernos provinciales, una primera constatación es que el escenario en el noroeste argentino presenta rasgos comparables, que lo instalan de lleno en la trampa del modelo extractivista: extendida pobreza, corrupción política, en fin, colonización de lo público por lo privado.

Aun así, varias provincias vienen recorriendo aceleradamente lo que podemos denominar “el efecto Alumbrera”. Es que en los últimos años, las denuncias por contaminación a raíz de los derrames del mineraloducto, que recorre 316 km entre Catamarca y Tucumán, más el vertido de efluentes líquidos de su planta de filtrados al canal DP2 (que motivó el actual procesamiento del vicepresidente de la compañía por la Justicia Federal), pusieron en alerta a diferentes poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero, que miran en el espejo de La Alumbrera el futuro que les aguarda. Así, frente a los nuevos proyectos mineros, las poblaciones realizan el pasaje rápido del “efecto Alumbrera” (los daños ambientales son un hecho) al “efecto Esquel” (cómo organizarse), como lo muestran las nuevas asambleas de autoconvocados en el noroeste argentino, así como el rol activo que tomaron las poblaciones originarias calchaquíes, en un proceso que marca la incipiente conformación de una red de territorios.

LA EXCEPCIÓN TUCUMANA. Resulta sugestivo que la única provincia del norte que prohibió este tipo de minería sea Tucumán, donde está la sede de La Alumbrera. Allí, en abril de 2007, se sancionó la ley del “no”, pese a que dos años antes el gobernador había vetado una ley que prohibía este tipo de minería. Impulsada desde la comisión de Ecología de la Legislatura, la ley “tuvo entre sus principales causas las reiteradas denuncias por contaminación ambiental existentes en los emprendimientos mineros de este tipo, especialmente la muy cercana Minera Alumbrera y las posibles explotaciones que podrían realizarse en la provincia”, expresó el presidente de la comisión legislativa, Alejandro Sangenis, quien reconoció el apoyo del secretario de Medio Ambiente provincial, para que el gobernador no vetara nuevamente la norma “pese a las presiones empresariales existentes”. Las posteriores declaraciones del gobernador José Alperovich son por demás elocuentes: “¿Cuánto vale la vida humana? No importa que se pierdan 500 millones de pesos en inversiones, la vida humana no tiene precio. Es una buena ley para los tucumanos” (primerafuente.com.ar)

Las sucesivas legislaciones del “no” mostraron la productividad de las escalas y las redes regionales, frente a un escenario político inicialmente adverso, a partir de la articulación de las demandas de las asambleas de vecinos, profesionales, productores y ambientalistas, y la acción de legisladores provinciales y representantes municipales, que en ciertos casos actuaron aún en contra del propio Ejecutivo provincial (así lo prueban los vetos), y de los poderosos intereses empresariales en juego. Pero las legislaciones provinciales no son una garantía absoluta, ya que lo ocurrido en La Rioja, donde el gobernador anuló la ley que prohibía tal actividad (impulsada por él mismo y sancionada en 2007), está allí para señalar la fragilidad de las instituciones, atravesadas por los intereses económicos. A su vez, la dinámica de las luchas produjo también un reacomodamiento de las transnacionales mineras y de los gobiernos, quienes ahora ensayan nuevas vías, como lo indican los proyectos de reordenamiento territorial que buscan zonificar las provincias, habilitando así “áreas de sacrificio” para la explotación minera.

Son numerosos los proyectos candidatos a transformarse en la nueva La Alumbrera: Agua Rica, que pronto entraría en explotación en Catamarca (tres veces más grande que La Alumbrera), el proyecto Famatina, en La Rioja, y Pascua-Lama, de la Barrick Gold en San Juan, compartido con Chile y producto de un inédito tratado binacional que configura un territorio de soberanía supraestatal corporativa en el que se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros. Mientras tanto, después de lo de Esquel, ninguna otra consulta popular fue permitida, ni tampoco, pese a la multiplicación de los cuestionamientos y resistencias, se ha abierto (ni siquiera está instalado en la agenda de la Universidad pública) un debate independiente acerca de las controvertidas implicancias del “modelo de desarrollo” vigente.

Casos testigo, de Córdoba a San Luis

Córdoba fue otro centro generador de asambleas y redes regionales. Presentada por el Ejecutivo provincial, en septiembre de 2008, la Legislatura sancionó por unanimidad la ley 9526, que prohíbe este tipo de minería, e incluye también la explotación “de minerales nucleares tales como el uranio y el torio”. Dicha ley provincial –publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado– aparece como la más completa y avanzada en la protección del medio ambiente, sentando un precedente importante en el país.

Una semana después, en octubre de 2008, San Luis siguió sus pasos. Allí, en julio de 2008, el Poder Ejecutivo Provincial había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obtuvo media sanción, pero en medio de presiones políticas y empresariales, desaparecieron los dos artículos que hacían referencia explícita a la minería metalífera a cielo abierto y la minería en uranio. Los reclamos de las asambleas y de los municipios involucrados no se hicieron esperar. Según la agencia Ecomerlo nueve intendentes realizaron una “cumbre” en Concarán, vecina a Merlo, y rechazaron cualquier actividad minera a cielo abierto. Finalmente, la provincia votó la ley, sin incluir esos dos artículos, pero enumerando las sustancias químicas que intervienen en dicho proceso extractivo.

Lágrimas de lobbistas

En agosto de 2008 la revista Panorama minero decía: “En un análisis realizado en la provincia de San Juan, se llegó a la conclusión de que de las 17 provincias que tienen potencial minero sólo 9 pueden desarrollar la actividad, pero entre ellas hay cinco con leyes provinciales prohibitivas. Esta situación cambia el mapa minero. Unas entran, otras salen y el mapa minero del país se va reconfigurando con cada vez menos jurisdicciones como jugadoras en esa actividad (...) Pero la alegría de la recuperación (por la derogación de la ley en la provincia de La Rioja) se ve empañada porque hay cuatro provincias más que quieren introducir en sus legislaciones prohibiciones similares o con algunas restricciones: San Luis, Jujuy, Córdoba y Tandil, en Buenos Aires, avanzan con leyes en el mismo sentido, con desenlace aún incierto”.