Otra vía para superar la crisis
E. Adamovsky, E. Lucita *
Desde el 11 de marzo, cuando el gobierno nacional tomó la decisión de aumentar las retenciones y hacerlas móviles en función de los precios internacionales, escaló un conflicto que ha concluido instalando una polarización política entre el Gobierno y las entidades del campo. No es verdad que tengamos que aceptar a libro cerrado los argumentos y las propuestas de ambos sectores, como si no hubiera propuestas y medidas superadoras. Detrás de las demandas de eliminación de las retenciones móviles, las entidades del campo han enarbolado un programa de liberalización del mercado exportador de alimentos, con el fin del acaparar el máximo posible de las rentas extraordinarias, mientras difunden el planteo ideológico de que el Estado no debe meterse con los negocios privados. Bajo la cobertura de un falso federalismo se promueve una plataforma de medidas afín a los intereses del agronegocio y la Sociedad Rural (...). Las clases propietarias y los grupos agrarios más concentrados no toleran siquiera una tibia e inconsecuente regulación estatal y distribución de renta, enarbolando sus intereses privados y su ganancia creciente por sobre la alimentación, el salario, la educación y la salud de todo el pueblo argentino. Hoy el campo acumula superganancias que no se encuentran en ninguna otra rama de la producción. Esa situación impar es la que permitió batir records año tras año, incluso a costa de desplazar de sus tierras ancestrales a los campesinos pobres del Norte argentino y de las condiciones laborales precarias e irregulares de más de un millón de peones rurales (...). Los cacerolazos que hemos visto en la Capital y otros centros urbanos, pese a su heterogeneidad inicial, se han ido configurando en la antítesis de la rebelión de 2001, motorizados por sectores altos de la sociedad, muchos de ellos rentistas, y por la oposición de derecha que ya se había manifestado en las elecciones legislativas y en las presidenciales de octubre pasado.
La mayoría de los medios de comunicación, grandes grupos concentrados que detentan el poder comunicacional y el cuasi monopolio de la palabra y la imagen, han jugado un rol protagónico como aglutinantes de una derecha invertebrada, distorsionando la realidad, creando una atmósfera política artificial y una opinión popular ficticia.
La principal preocupación del Gobierno frente al lockout ha sido reafirmar su autoridad política frente a un desafío sectorial que rompe el equilibrio de alianzas que ha sostenido su gestión: desde el inicio se ha apoyado en el modelo sojero que ahora cuestiona. Recurrió a todas las variantes posibles: discursos agresivos y contemporizadores, amenazas y negociaciones, y ha quedado políticamente debilitado. Incapacidad política y errores de implementación técnica unificaron el campo opositor y le hicieron perder aliados naturales. Profundizó este esquema con el consiguiente desplazamiento de productores, afectando la soberanía alimentaria, fortaleciendo los pools de siembra y los grupos exportadores (Dreyfus, Cargill, Nidera, Bayer), permitiendo la escandalosa apropiación diferencial entre los impuestos pagados por los productores y lo realmente ingresado a las arcas del Estado. No casualmente estos grupos económicos no han sido casi mencionados en la crisis actual ni por el Gobierno ni por las entidades del campo.
El Gobierno tampoco cambió la estructura tributaria regresiva, ni adoptó ninguna iniciativa para recuperar el patrimonio nacional rematado durante el menemismo. A pesar de las fenomenales tasas de crecimiento del actual ciclo económico, de la fuerte creación de empleo y de la recuperación salarial, persisten la segmentación y la precarización en el mercado de trabajo, se conservan muchas de las peores leyes laborales de los ’90, e incluso de la dictadura, como la de los peones rurales. Al no adoptar medidas para modificar efectivamente la distribución del ingreso, la brecha entre ricos y pobres continúa ensanchándose.
Las políticas en curso no pueden asegurar, ni tampoco se lo proponen, la reconstrucción de un sistema de transporte ferroviario barato y ecológicamente sustentable, aunque se proyecta un “tren bala” que nos vuelve dependientes de tecnologías que no poseemos, que es inservible para el transporte de cargas y que sólo podrá ser utilizado por una elite de pasajeros de altos ingresos. La Argentina posee el raro privilegio de ser el único país que enajenó su renta petrolera y, a contrapelo de las tendencias latinoamericanas –Bolivia, Ecuador, Venezuela—, no hay proyecto alguno para recuperarla, por el contrario, asistimos a la profundización de la política menemista en materia de hidrocarburos. Lo mismo sucede con las empresas privatizadas de servicios públicos y la generación y distribución de energía. Los grupos de medios de comunicación hoy denunciados por su papel en la crisis son los mismos que ayer fueron beneficiados con la renovación de las licencias (...)
Según cómo se resuelva esta disputa no resulta ocioso ni indiferente para el movimiento obrero y las clases subalternas, como tampoco lo es la intervención estatal, aun a sabiendas de que lo más probable sea un acuerdo donde el modelo primario-extractivo-exportador no será modificado sustancialmente (...). No puede haber neutralidad ante la amenaza de que la derecha logre parte de sus demandas y coloque sobre la agenda futura su programa de restauración neoliberal. Una liberalización de las exportaciones como demandan los ruralistas y los ideólogos del establishment dispararía los precios de los alimentos, con el consiguiente efecto sobre los salarios reales de los trabajadores y las condiciones de vida y existencia de las clases populares. Rechazamos enérgica y categóricamente su chantaje y defendemos el derecho del Gobierno a implementar retenciones móviles y cupos de exportación. Pero sostenemos que el curso que ha tomado hasta el día de hoy, lejos de ser una palanca para iniciar un cambio efectivo del modelo, cohabita con él, favorece a los grandes propietarios y pools sojeros y a los grandes exportadores, mientras afecta a su propia base popular al mostrarse impotente para un control eficaz de la inflación.
* El texto –del que aquí se publican los principales fragmentos– lleva también la firma de Claudia Korol, Carlos “Perro” Santillán, Antonio Bitto, Fabio Resino, Guillermo Almeyra, Susana Neuhaus, Guillermo Gigliani, Alejandro Bercovich, entre otras personas y movimientos sociales.
© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
1 comentario:
Ecologistas:
reflexionemos sobre esto, no nos podemos permitir que se nos subestime o se nos tilde de ingenuos
domingo 13 de julio de 2008
PESE AL DISCURSO ANTISOJERO EL GOBIERNO ALQUILA MILES DE HECTAREAS PARA LA SOJA
23/5/2008 - El radicalismo denunció ayer que mientras Cristina de Kirchner critica en actos públicos el crecimiento de la siembra de soja en detrimento de la producción de leche y carne, el gobierno favorece a los grandes pools sojeros arrendándoles tierras estatales, en lugar de privilegiar a los pequeños productores.
Denuncian al Estado por alquilar campos sólo a grandes pools
El radicalismo denunció ayer que mientras Cristina de Kirchner critica en actos públicos el crecimiento de la siembra de soja en detrimento de la producción de leche y carne, el gobierno favorece a los grandes pools sojeros arrendándoles tierras estatales, en lugar de privilegiar a los pequeños productores. Se sabía hasta ahora que el kirchnerismo nunca quiso enfrentarse con los grandes productores ni con los exportadores de cereales.
De hecho, Gustavo Grobocopatel, que maneja 150.000 hectáreas de soja, fue invitado especial de los Kirchner en el Tango 01 para viajar junto con ellos a Caracas y explicarle a Hugo Chávez cómo solucionar su escasez de alimentos. Por eso no sorprende que tierras propiedad del Ejército Argentino hayan terminado en manos de ese grupo que las explota sólo para soja.
Al mismo tiempo, el cordobés Oscar Aguad, presidente del bloque de diputados de la UCR, presentó ayer un proyecto de ley para que se modifique la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales para que el Estado favorezca «la inserción de los pequeños y medianos productores en el agro y contribuir al alivio de la pobreza en áreas rurales».
División
Esa iniciativa propone dividir los campos estatales en pequeñas fracciones y alquilarlas a los productores más chicos en lugar de entregarlas a los grandes. El ejemplo que puso es más que elocuente de las contradicciones en que cae el gobierno: mientras Cristina de Kirchner critica en actos públicos la sojización del país, «el Ejército Argentino, en el campo General Paz (también denominado La Remonta), ubicado a 7 kilómetros de General Ordóñez, en la provincia de Córdoba, arrienda más de 10.000 hectáreas al grupo Grobocopatel, uno de los grandes grupos de siembraque actúa en nuestro país, Uruguay y Paraguay, explotando en total una extensión de más de 150.000 hectáreas», dijo ayer Aguad.
El proyecto que presentó Aguad establece que «al solo efecto de su arrendamiento», el Estado subdivida sus tierras en parcelas de hasta 250 hectáreas -permitiéndose excepciones de hasta 500 hectáreas cuando el tipo de explotación así lo exija-, «que deberán ser alquiladas a pequeños y medianos productores de la zona, no pudiendo arrendar más de una parcela a cada productor».
«La política de desarrollo rural debe estar orientada a favorecer la inserción de los pequeños y medianos productores en el agro y en la economía nacional, y por esta vía contribuir al alivio de la pobreza en las áreas rurales», dijo ayer Aguad.
Fuente: Granar on line
Son terrenos en ricas zonas de cordoba, entre rios y buenos aires
Pese al discurso K, el Ejército alquila miles de hectáreas para cultivar soja
Desde que se desató la batalla por las retenciones, el Gobierno apeló como argumento para su política la necesidad de frenar la “sojización” del campo. Sin embargo, el Estado ha arrendado grandes extensiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en su mayoría al Ejército. Muchas de ellas fueron alquiladas a grandes empresas agropecuarias, como los grupos Grobocopatel y Cresud, este último perteneciente al multimillonario George Soros. Además hay predios de aeródromos de la Aeronáutica que son destinados al mismo fin. La vinculación entre los militares y la actividad rural se extiende también a la ganadería.
Por Alfredo Ves Losada
Plantaciones. En lo que va del año, el Estado ya licitó más de 8 mil hectáreas de las Fuerzas Armadas para sembrar soja, una cifra que no se alcanzaba desde 2004.
Apenas el primer chacarero salió a las rutas, allá por marzo, la presidenta Cristina Kirchner se aferró a su argumento: el aumento de las retenciones móviles no respondía –según dijo– al deseo de seguir engordando la recaudación fiscal, sino que tenía el espíritu de modificar la matriz agrícola y frenar la “sojización” del campo para defender la mesa de los argentinos. Cristina repitió esta idea en la Casa Rosada, en Parque Norte y por cadena nacional. La soja se convirtió en el enemigo público número uno para el Gobierno. Pero la mandataria se olvidó de un detalle que parece incongruente con esa idea: en los últimos años, el Estado ha arrendado a productores privados miles de hectáreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército Argentino, para la siembra y cosecha de este “yuyo” tan maltratado por toda la administración nacional.
Si fuera un campito, un terreno perdido, podría pensarse en la casualidad, en un descuido, e incluso en algún hecho de corrupción regional. Pero como se trata de miles de hectáreas repartidas entre varias provincias, en las mejores zonas agrícolas del país, aparece como una práctica habitual y extendida que se realiza dentro de los marcos legales por decisión del Estado, y no por desidia. Así, en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires los patios del Estado nacional están alfombrados en su mayoría con soja.
En el Ministerio de Defensa no supieron decir de cuántas hectáreas en total se trata. Lo cierto es que en 2004 se destinaron 8.880 hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, de trigo y soja o fina y soja. En 2005 esa cifra fue de 4.290 hectáreas, en 2006 ascendió a 5.251 hectáreas y el año pasado 6.683 hectáreas fueron alquiladas con el mismo fin. En todos los casos, quien elaboró los pliegos de licitación de esas tierras fue el Estado nacional, y en ninguno de ellos se mencionan las propiedades dañinas de la soja que la Presidenta ha repetido desde distintos atriles. Y en 2008 –según informaciones de la Federación Agraria– la cifra ronda las 8 mil hectáreas, repartidas entre cultivos de soja y mixtos.
La Remonta. En la localidad de General Ordóñez, en el corazón sojero de la provincia de Córdoba, todo el mundo sabe lo que es “el campo de La Remonta”. Su nombre real es “Haras General Paz”. Y son 12.300 hectáreas pertenecientes al Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, ubicadas sobre la ruta provincial 6, a 200 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cerca de Bell Ville, uno de los bastiones más fuertes del sector agrícola.
Durante años, esas tierras se usaron como terreno para ganado o como unidades agrícolas para productores locales. Pero desde la devaluación y la explosión del consumo de soja, valen oro, y el Gobierno lo sabe. Por eso ha dispuesto que año tras año se arrienden distintas parcelas, y si se hace un detalle de los pliegos de licitación, queda claro que la mayoría de los terrenos se destinan a la siembra y cosecha de soja.
Otro capítulo tiene que ver con los beneficiarios de este sistema. Aunque los llamados a licitación suelen aparecer publicados en los medios locales, no son exactamente los productores de la zona los que se han llevado la mejor parte a la hora de pelear por los terrenos. Pese a que “La Remonta” tiene un área de casi 10 mil hectáreas que son aptas para la siembra, sólo hay un productor auténtico de la zona que posee 193 hectáreas, el resto ha estado en los últimos años en manos de grandes pools y fondos fiduciarios.
“Los grandes productores hacen ofertas imposibles de igualar por la gente de la zona, y en muchos casos pagan por adelantado el monto total. Eso es un doble negocio fantástico: para el productor, porque se asegura enormes extensiones del suelo más rico del país, y para el Estado, porque obtiene el pago de una sola vez”, explica Mariano Bondone, presidente de la filial Bell Ville de la Federación Agraria. “Para que se tenga una idea del volumen de producción que se concentra en pocas manos en esos terrenos, basta decir que estos productores, por ejemplo, no van a recibir las compensaciones de las que habla el Gobierno ahora. Muchos de estos campos han sido alquilados por los Grobocopatel (uno de los principales grupos agropecuarios) entre 2004 y 2005, y ahora están en manos de Cresud, bajo distintas denominaciones”, señala. Cresud es el grupo inversor controlado por el magnate húngaro-estadounidense George Soros, y es uno de los gigantes del mercado agropecuario contra los que el Gobierno dice luchar.
Otra firma que controla grandes extensiones pertenecientes al Ejército –según informaron desde Federación Agraria– es “Marca Líquida”, un fondo de inversiones de la ciudad de Córdoba.
Doble contradicción. “En el caso de los campos de Ordóñez, la contradicción es doble: además de que el Estado mismo aparece arrendando terrenos para soja, después de hablar pestes de este cultivo durante meses, se deja absolutamente afuera al pequeño y mediano productor”, señala el intendente de esa localidad cordobesa, Dardo Iturria. “La Presidenta ha dicho –explica– que quiere ayudar al productor chico, pero los campos de los que dispone para hacerlo se los da a los pools, y por otro lado, al arrendarlos para soja, confirma que las acusaciones realizadas contra los productores sojeros son falsas”.
Iturria es intendente desde 1999 por el partido Unión por Córdoba, el ala del justicialismo provincial liderada por Juan Schiaretti. Y no tiene dudas de que el reparto de los terrenos del Ejército es algo planificado. “Me cuesta creer que el secretario de Agricultura, por ejemplo, ignore lo que sucede en las tierras que posee el Estado. Hay un dato que sirve para ilustrar cómo la toma de decisión pasa muy lejos de aquí: desde hace tres años, la apertura de las ofertas de las licitaciones por estos campos se hace en Buenos Aires, y nosotros no sabemos con precisión a quién son adjudicadas”.
Y acá aparece otro de los fantasmas de la realidad sojera, tanto las autoridades como los productores de Ordóñez aseguran que los grandes pools utilizan diferentes firmas y figuras legales para quedarse con los terrenos. “Con la legislación actual, eso no es ilegal, pero habilita una forma de competencia desleal, que se da ante la vista gorda del Estado”, asegura Iturria.
Aunque en menor escala, en Entre Ríos la práctica se repite: el Estado también arrienda campos que pertenecen al Ejército para la siembra y cosecha de soja. Lo hace desde 2003. Actualmente, de hecho, está abierta la licitación para una extensión de 460 hectáreas. Aunque a simple vista no parezca una extensión descomunal, se trata de casi 500 campos de fútbol, ubicados en una de las zonas más fértiles de la mesopotamia argentina. Este campo pertenece al Haras General Urquiza, ubicado en la localidad de Arroyo Clé, en el departamento de Rosario del Tala, en el centro de la provincia. Y el adjudicatario dispondrá del terreno por un período agrícola completo.
Lo mismo sucede con otro campo de 155 hectáreas perteneciente a la misma unidad militar. Y existe además otro campo en alquiler, de 300 hectáreas, destinado a la siembra de trigo y luego de soja de segunda. “Este tipo de rotación de cultivos es habitual y apunta a la rentabilidad, como lo demuestra el propio Estado; por eso no se entiende que el Gobierno acuse al productor que decide sembrar soja”, aseguraron desde la Federación Agraria. Los productores de la zona dicen que en ese caso debería hablarse de la “oligarquía militar”.
En la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas también disponen año a año el arrendamiento de parcelas pertenecientes al Haras General Lavalle, en la localidad de Tandil. Estos campos están ubicados en el cruce de las rutas provinciales 30 y 74, conforman un predio total de aproximadamente 2 mil hectáreas, y han sido históricamente utilizados para la cría de caballos para el Ejército. Allí también hoy hay parcelas sembradas con soja.
“Si se arriendan terrenos del Ejército, y en muchos casos a empresas tan vinculadas al Gobierno como pueden ser Los Grobo, alguien tendría que haberlo sabido, y por lo tanto deberían dar explicaciones”, aseguró el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. “Es una contradicción –señaló– que se utilicen de ese modo terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en lugar de llevar adelante una colonización de esas tierras para ayudar a los pequeños productores.”
Perfil.com
Publicar un comentario